Las viviendas de uso turístico se han convertido en uno de los temas más debatidos en muchas comunidades de propietarios catalanas. El aumento de pisos turísticos ha generado conflictos relacionados con ruidos, seguridad, convivencia y rotación constante de ocupantes. Por ello, cada vez más comunidades estudian limitar o prohibir esta actividad dentro del edificio.
En Cataluña, la comunidad de propietarios puede regular los usos permitidos en la finca mediante acuerdos adoptados en junta. Sin embargo, para hacerlo correctamente es imprescindible seguir un procedimiento legal específico y redactar adecuadamente el acuerdo para evitar futuras impugnaciones.
El primer paso consiste en incluir el asunto en el orden del día de la convocatoria de junta. La propuesta debe aparecer claramente identificada para que todos los propietarios sepan qué se va a votar. No basta con incluir referencias genéricas a “normas de convivencia”.
Durante la reunión debe explicarse qué tipo de limitación se quiere aprobar. Algunas comunidades optan por prohibir totalmente las viviendas de uso turístico; otras prefieren imponer condiciones más restrictivas, como limitaciones de acceso, horarios o exigencias específicas.
En Cataluña, la modificación de los estatutos para prohibir pisos turísticos requiere alcanzar las mayorías establecidas por la normativa de propiedad horizontal catalana. Por eso resulta fundamental comprobar correctamente las cuotas de participación y dejar constancia exacta del resultado de la votación en el acta.
Una vez aprobado el acuerdo, el siguiente paso es elevarlo a escritura pública e inscribirlo en el Registro de la Propiedad. Este trámite es especialmente importante porque garantiza que la prohibición tenga efectos frente a futuros compradores. Sin inscripción registral, la eficacia del acuerdo puede generar conflictos posteriores.
También conviene recordar que la comunidad no puede actuar con carácter retroactivo frente a viviendas turísticas que ya dispongan de licencias válidas y actividad legalmente consolidada. Precisamente por ello muchas comunidades buscan actuar cuanto antes, antes de que se otorguen nuevas autorizaciones.
Otro error frecuente es aprobar acuerdos ambiguos o mal redactados. Frases genéricas o conceptos poco concretos pueden facilitar impugnaciones judiciales. Por eso es recomendable contar con asesoramiento jurídico especializado antes de convocar la junta.
Además, cada ayuntamiento puede establecer requisitos urbanísticos y limitaciones adicionales para este tipo de actividad.En los últimos años, numerosas ciudades han reforzado la regulación de las viviendas turísticas con el objetivo de proteger el mercado residencial y aliviar la presión sobre los vecinos.
En Promocat observamos que cada vez más compradores valoran positivamente las fincas con regulación clara sobre el uso turístico. Una buena gestión comunitaria no solo mejora la convivencia, sino que también ayuda a preservar el valor residencial del edificio a largo plazo.